FELIPE CALDERÓN

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El sexenio de Felipe Calderón representó la segunda presidencia panista en la historia de México; por desgracia para este país, muy probablemente este periodo será recordado como el más violento de los últimos cincuenta años. Felipe Calderón llega a la presidencia a partir de una elección seriamente cuestionada por uno de los contendientes y por una parte importante de la población, lo que de alguna manera condicionó la trama y el final. El proceso electoral de 2006, por mucho el más competido en la historia reciente del país, sacó a la luz varios de los problemas que tendrían que enfrentar los partidos y las instituciones electorales en los siguientes años. La diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador fue de .56%. El candidato de la Coalición por el Bien de Todos no aceptó los resultados electorales, pues consideró que se había cometido un fraude, conque inició un movimiento de resistencia civil.


Elecciones 2006 - Diario Basta!

       México en cifras

Aunado a lo anterior, Calderón asume la presidencia en un escenario de seguridad muy complicado: tiene que hacer frente al control territorial de zonas del país por parte del narcotráfico; una guerra entre cárteles de la droga; conflictos con Estados Unidos por la narcoviolencia en la frontera; un flujo constante de drogas hacia el país del norte y un aumento considerable del consumo de drogas ilícitas en México. En ese contexto decide combatir frontalmente al narcotráfico y reformar las instituciones del Estado en materia de seguridad. Los resultados distaron mucho de ser exitosos, la violencia escaló a niveles altísimos, el número de víctimas derivadas de aquélla también creció de manera exorbitante y los carteles no se replegaron ni disminuyeron su ritmo de actividad.

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FRAUDE ELECTORAL

Para negar el fraude, los terraplanistas electorales olvidan convenientemente que en 2003 el árbitro perdió la confianza de uno de los contendientes, lo que, según los teóricos, es suficiente para que un régimen no sea democrático, Olvidan que el Trife se negó a indagar el fraude, amparado en una sesgada interpretación de la ley. Olvidan que rechazó las evidencias que aportó la coalición Por el Bien de Todos (PBT), que postuló a AMLO. Hacen a un lado las denuncias de las trapacerías de las semanas previas. Finalmente, habría que reflexionar sobre el clasismo inherente a despreciar y reírse de cosas que para su acomodada y urbana posición son causa de risa, pero que en las comunidades marginadas de este país pueden cambiar la vida a las personas, como mulas o aves de corral.

En 2006 se mostró que antes de los ­comicios hubo manipulación de las listas de funcionarios de casilla (sustitución a modo de quienes no acudieron a los citatorios) y de las acreditaciones de los representantes de PBT. En estados que tendrían elevados porcentajes de inconsistencias, como Guanajuato, esta manipulación eliminó a 20 por ciento de los representantes de la coalición. Eso arreció el 2 de julio, lo que también se documentó.

Ante la enorme cantidad de irregularidades en las actas de cómputo de las elecciones, el régimen (IFE, Trife, PAN y PRI) optó por una doble estrategia: cerrarse en banda a la demanda de PBT (“voto por voto…”); y argumentar que las irregularidades eran aleatorias, no dolosas. Supongámoslo. Un muy conocido estudio sobre las actas muestra la cantidad de variables (jurídicas, meramente jurídicas) que el Trife decidió ignorar u omitir. Y no duda: dado que los votos irregulares superan la ventaja de Calderón sobre López Obrador, imposibilitando que se defina con certeza cuál fue la voluntad del electorado, era menester declarar inválida la elección.

¿Se violó alguno de los principios de la legislación electoral?; Sí: la certeza del resultado. “Sí… de manera generalizada” (J. A. Crespo, Hablan las actas, pp. 143-145).

Los datos se acumulan. ¿Alguien recuerda que en el recuento ordenado por el Trife (que atendió la propuesta del PAN y no la de la PBT) se mostró que en 43 por ciento de las casillas había votos de más (seis en promedio)?, ¿que en 30 por ciento faltaban en promedio 10 votos?, ¿se acuerdan que en 81 por ciento de las actas fueron evidentes las variaciones respecto a los votos emitidos, que en síntesis da 1.14 votos más a Calderón? Los terraplanistas aseguran que fueron errores humanos, nunca dolo, nunca fraude premeditado… y omiten convenientemente que si el error supera la diferencia entre el ganador y el perdedor, había que anular la elección.

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COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Desde un principio Calderón se dedicó a la difícil tarea de combatir al crimen organizado, principalmente al relacionado con el narcotráfico, con la finalidad de resolver el problema de la inseguridad.

El tema de la inseguridad pública fue considerado como el asunto más preocupante para la población durante ese sexenio y, de acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky, así lo percibieron ocho de cada 10 mexicanos quienes, durante los dos últimos años de la administración de Calderón, opinaron de manera espontánea que la inseguridad era el principal problema del país, muy por arriba de cualquier otro problema.

Aunque el problema no surgió con la presidencia de Felipe Calderón, el notable aumento de delitos del crimen organizado y el recrudecimiento de la violencia, coinciden con la puesta en marcha de las políticas en materia de seguridad, adoptadas por Calderón días después de haber iniciado su gobierno, en lo que se llamó la Estrategia Nacional de Seguridad, mediante la que se declaraba la guerra contra el narcotráfico, mediante el uso del Ejército Mexicano.


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La estrategia seguida por Calderón recibió numerosas críticas de diversas organizaciones y de analistas políticos, ante el creciente número de personas fallecidas que llegó a sumar decenas de miles, entre las que se incluyen ciudadanos ajenos a esa guerra contra el crimen organizado.

El presidente de México, Felipe Calderón, anunció el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, el cual tiene como propósito consolidar una política de Estado que permita fortalecer las buenas prácticas dentro de la función pública.

En un mensaje grabado, que se transmitió en la Convención Regional Latinoamericana: Compromiso y Cooperación en la Lucha Contra la Corrupción y el Cohecho Internacional, el Ejecutivo Federal informó que este programa se dará a conocer próximamente.

“Lo haremos con un enfoque de gestión más abierto, honesto, transparente y con una renovada vocación de rendición de cuentas, de modo que este programa también contribuirá al fortalecimiento de una cultura de apego a la legalidad, así como la construcción de una ética pública que sirva para establecer valores y principios que guíen y orienten la actuación de servidores públicos y de la sociedad con las instituciones”, aseveró.

Tras afirmar que la corrupción daña la confianza, el mandatario mexicano refrendó el compromiso de su Gobierno con la cero tolerancia a la corrupción. “Esto es lo que yo exijo a los servidores públicos y es lo que les ofrezco a los mexicanos”, declaró.

Destacó que hoy en día las sociedades demandan con mayor fuerza gobiernos más abiertos al escrutinio y a la evaluación e indicó que para llegar a este objetivo es necesario transitar de una cultura de la corrupción a una cultura de legalidad, transparencia y honestidad.

“Se necesita que los servidores públicos y los ciudadanos, no sólo asuman la responsabilidad de aplicar y de hacer cumplir la ley, sino también actúen para prevenir y erradicar la corrupción en sus distintas modalidades”, aseguró.

Es un programa de carácter especial y de observancia obligatoria para la Administración Pública Federal, para generar una cultura social de rendición de cuentas, combate a la corrupción y apego a la legalidad, a partir de la transformación de procesos del propio gobierno federal y de la redefinición de las relaciones entre el Estado y la sociedad.

Para tales efectos, la Secretaría de la Función Pública, a través de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (CITCC), coordinará y evaluará acciones con las distintas dependencias de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República para asegurar la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

 

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